#LEY3DE3: #PERIODOEXTRAORDINARIOYA

No es algo nuevo discutir sobre corrupción en nuestro país, a lo largo de la historia nacional hemos visto casos extremos de corrupción por parte de la clase política tanto a nivel federal como local. Sin embargo hoy podemos hablar no sólo de la corrupción como un problema de imposible resolución, sino que tenemos la oportunidad de discutir las medidas que se están llevando a cabo por parte de los legisladores para aprobar iniciativas en materia de corrupción.


Aunque queda un amplio camino por recorrer, prestar atención a la actividad legislativa sobre este tema en particular supone un compromiso ciudadano  a favor de un cambio para el país. En este sentido, diversas asociaciones civiles e institutos académicos han empezado un movimiento de concientización en donde mediante las redes sociales, alientan a la población para presionar a un periodo extraordinario en donde se discuta la aprobación de la iniciativa. (www.ley3de3.mx)


La Iniciativa


El Sistema Nacional Anticorrupción busca coordinar y homologar las acciones políticas en los tres órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. Este proyecto incluye una reforma constitucional aprobada en el 2015 y 7 leyes secundarias que hasta el momento no se han aprobado y esperan ser discutidas en un periodo extraordinario.


Dentro de las 7 leyes secundarias únicamente 5 se contemplan para discusión en el periodo extraordinario, la Ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.


Por otra parte la Ley 3 de 3 es una iniciativa presentada por la ciudadanía en la que con más de 600 mil firmas se pretende obligar a todos los funcionarios públicos presentar 3 declaraciones (declaración patrimonial, historial laboral y declaración fiscal).


Tanto las Leyes secundarias como la Ley 3 de 3, han sido el centro de discusiones políticas en el último periodo de sesiones, en donde incluso representantes del PRI denunciaron que la iniciativa ciudadana era inconstitucional y otros la han aprovechado como bandera política a favor de sus intereses electorales.


Lamentablemente, la discusión de la iniciativa se ha visto truncada por el panorama político en vez de ser discutida desde un punto de vista jurídico, los acontecimientos dentro del proceso legislativo han dejado mucho que desear por parte de clase política pero las organizaciones civiles no se quedan atrás. Los partidos políticos lograron desestabilizar un movimiento genuino gracias a sus intereses electorales y han ganado terreno en la lucha legislativa.


Claro ejemplo de lo anterior está en las obligaciones y sanciones propuestas por parte de los legisladores, en donde la responsabilidad de declaración es prácticamente nula y las sanciones establecidas para actos de corrupción tiene la pena de una simple multa.


En este sentido, la lucha por un nuevo sistema anticorrupción empieza con un mal sabor de boca, dejando iniciativas a medias tintas, favoreciendo siempre los intereses políticos, dejando, como siempre, una ciudadanía debilitada e incrédula del sistema político.


El Costo de la Corrupción


La corrupción no es un simple problema de transparencia, sino que se traduce en problemas de delincuencia organizada, crecimiento económico, economía informal, y piratería entre muchas otras, lo que presupone un serio conflicto para cualquier ámbito en el país.


Dentro de los principales problemas está el del crimen organizado y por lo tanto con la violencia del país tiene que ver con la intromisión de ésta dentro de la esfera política del país. No se puede imaginar el éxito del crimen organizado en el país sin la complicidad de funcionarios y representantes de cargos públicos que afectan directamente sobre políticas de seguridad y estado derecho propiciando cultura de ilegalidad y violencia.


En cuanto a los costos económicos, la corrupción en el país según datos del Banco de México, representa cerca del 9% del PIB, y la falta de sanciones a actos de corrupción le costó a México 86 mil millones de dólares en 2015 según la Auditoria Superior de la Federación.


Lo anterior también se puede apreciar en términos de ingresos empresariales, en donde se calcula una pérdida de 5% de las ventas anuales y en la piratería que representa una perdida de 480 mil empleos al año.


El factor principal que inhibe un buen entorno de negocios es la corrupción de acuerdo al a Encuesta Sobre Mejora Regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno en los Principales Municipios de México, en donde el 18.6% de los encuestados opinaron por arriba de la regulación tributaria y la burocracia ineficaz.


Desde el punto de vista empresarial según la encuesta de fraude y corrupción en México realizada por KPMG en 2008 los principales motivos por los cuales las empresas se corrompen  son con temas relacionados para la agilización de trámites, obtención de licencias e impedir abusos de autoridad, por lo que en la mayoría de la veces las empresas se ven obligadas en ser partícipes de este tipo de acciones, generando posibles consecuencias reputaciones graves.


Finalmente, las acciones que se toman dentro del ámbito empresarial presuponen una continua relación con el gobierno y con la política del país, por lo que tener una estrategia de relacionamiento con las distintas intuiciones de forma clara y honesta representa una inversión indispensable a favor de la operación y reputación de la empresa.

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